El Observatorio para la Prevención del Narcotráfico (OPRENAR) le envió al papa Francisco las conclusiones de un trabajo en el que advierte que la Argentina es un país de “fabricación de drogas” y asegura que las políticas de prevención y represión de estupefacientes implementadas por el actual gobierno, “han sido un verdadero fracaso», por lo que propone políticas de Estado que le presentarán al futuro Presidente para combatir este flagelo. Lo que, sin lugar a dudas, es una crítica tanto para el candidato a presidente Daniel Scioli, responsable de las políticas sobre narcotráfico en la provincia de Buenos Aires y acérrimo defensor de lo realizado por el gobierno nacional, como así también para el candidato a gobernador Aníbal Fernandez, quien manifestara públicamente su aceptación al consumo de drogas.
El Oprenar es una iniciativa interinstitucional de la sociedad civil, estrechamente vinculada a diferentes actores del sistema de educación de la Argentina, que tuvo su origen en noviembre de 2014.
Está conformado por la Academia Nacional de Educación, la Academia Nacional de Ciencias de la Empresa, el Consejo de Rectores de Universidades Privadas (Crup), el Consejo Superior de Educación Católica (Consudec), la Pastoral Universitaria del arzobispado de Buenos Aires, la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires (UBA), la Universidad Austral, la Universidad Católica Argentina (UCA), la Universidad Católica de La Plata (Ucalp), la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES) y la Universidad del Salvador (USAL), entre otras casas de estudios e instituciones.
El coordinador del OPRENAR, presbítero Guillermo Marcó, alertó que en el tema de la droga «somos un país de negadores». El documento fue redactado por especialistas, educadores y representantes de trece universidades argentinas.
En las conclusiones de este trabajo, de más de un centenar de páginas, se describe la situación de las adicciones y el narcotráfico en el país y se proponen políticas de Estado para hacer frente a este problema.
«Le dejamos al próximo Presidente un plan completo para luchar contra el narco. No existe voluntad política para luchar contra el narcotráfico, por lo tanto es necesario un acuerdo de todas las fuerzas a nivel ejecutivo», dijo Claudio Stampalija, especialista en prevención del delito y miembro de la Oprenar.
El observatorio cuestionó las propuestas de «liberalizar el consumo recreativo» de algunas drogas, como la marihuana, porque esas iniciativas surgen «de un pseudoprogresismo de carácter individualista, que supone que el mercado por sí mismo y su libre accionar solucionará el problema». (NdR: Uno de los impulsores ha sido el candidato a gobernador Aníbal Fernandez).
«Por el contrario, la solución de este grave flagelo requiere de una presencia fuerte y decidida del Estado, con clara voluntad política para solucionarlo. Un verdadero Estado tuitivo, que no significa un Estado paternalista. El abordaje del problema del narcotráfico y su contracara, las adicciones, requieren de propuestas integrales que articulen aspectos preventivos, educativos, sociales, y también de seguridad, judiciales y económicos», sostuvo.
Entre las propuestas, el Oprenar afirmó que «el narcotráfico no puede ser prevenido únicamente a través de la represión de las Fuerzas de Seguridad y el accionar de la Justicia» por lo que «es necesario actuar sobre los aspectos sociales que conllevan a la conformación de la demanda, la dimensión sanitaria que el problema involucra y los resortes económicos de las organizaciones del crimen organizado».
«Desde esta perspectiva integral, se resumen a continuación las principales propuestas del Oprenar dirigidas al próximo Presidente de la Nación y a todas las fuerzas políticas del país, con la expectativa de que esta problemática sea considerada prioritaria en sus respectivas agendas de trabajo», precisó.
Uno de los puntos destacados es el «fortalecimiento del Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal», en el que se reclama capacitar a jueces y fiscales y modernizar la legislación vigente. También se exige “prevención y control del lavado de activos», al destacar que sólo hubo cuatro condenas en la Argentina por este delito.
Se pidió entonces una nueva Ley de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, que permita «un sistema de premios y castigos para los sujetos obligados que contribuyan activamente en la prevención del crimen organizado», y que la Unidad de Información Financiera (UIF) rinda cuentas anualmente al Congreso, «velando para que se evite la discrecionalidad en la selección de los sujetos a fiscalizar, en los procedimientos sumariales y en la proporcionalidad de las multas».
Reclamaron además acciones de prevención social para reducir la demanda y tratamientos para la rehabilitación del adicto.
En cuanto a las políticas de seguridad y represión del crimen organizado del narcotráfico, el Oprenar propuso crear una Agencia Federal Antidrogas que articule investigaciones judiciales y la tarea de las fuerzas de seguridad.
Fuente: AICA Agencia de Noticias.
