Martiniano Greco, vecino de Bahía Blanca, organizó, el 25 de noviembre, una fiesta en una estancia ubicada en el kilómetro 17 de la ruta nacional Nº 33.
Ello fue motivo de intervención del Tribunal de Faltas de la ciudad de Bahía Blanca intentando prohibir su realización utilizando argumentos y fundamentos incompatibles con el debido derecho a la libertad individual de las personas y el constitucional respeto a la propiedad privada, además de acusarlo de no tener habilitaciones, inaplicables en este caso, como discriminatorias en otras.
Es que todo debe ser controlado por una administración municipal, en este caso, como por las provinciales o nacionales. Nadie tiene derecho a organizar fiestas, como nadie tiene derecho a trabajar o comerciar como bien lo establece la ignorada Constitución de la Nación Argentina.
Hace mucho, mucho tiempo que los argentinos no gozan de libertades individuales o colectivas. Un Estado totalitario, a remedo de los comunistas, dicta las normas, decretos y disposiciones por las cuales debemos regirnos, totalmente apartadas de lo establecido en nuestra Carta Magna.
No importa si con ello han contribuido a fomentar el hambre y la desocupación. No está en sus planes remediarlo postergando ambiciones personales de poder o dinero. Ellos te dicen quién puede hacer una fiesta, trabajar en qué cosa, cuánto debes ganar, que comercio puedes ejercer y cuáles te están prohibidos.
Todo está expresamente reglamentado para que grupos de privilegios se apoderen de los dineros de los contribuyentes: Venales empresarios, sindicalistas y políticos manejan a su antojo las actividades económicas. Aun las no rentables, tampoco se puede ejercer una actividad sin fines de lucro, también esto debe estar controlado por el Estado opresor.
La misma administración que usurpa las calles de los ciudadanos cobrando, inconstitucionalmente, por estacionar, se permite decirte que no puedes organizar una fiesta. Ni siquiera podrían hacerlo aunque se cobrara entrada porque estarían ignorando el libre derecho a comerciar como claramente establece la Constitución. Y no busquemos justificaciones, pensemos un momento antes de reaccionar contrariamente a esto que se dice.
Lo peor es que no nos damos cuenta. Damos por aceptables este cúmulo de prohibiciones antes que regulaciones. Tenemos que soportar ser tratados como delincuentes por el solo hecho de pretender realizar una reunión absolutamente lícita y ajustada a derecho o de intentar ejercer un comercio o de transitar libremente y sin embargo las tomamos como normales, tantos años acostumbrados a los dictados abusivos de quienes nos gobiernan desde hace ya demasiado tiempo.
Mientras tanto allí andan los verdaderos delincuentes, sueltos, libres, robando, coimeando, expropiando, acopiando, monopolizando…eso sí legalmente justificados por un Estado vigilante que impide cualquier competencia, aunque se ejerza con todo derecho establecido y proclamado.