Dos rubros emblemáticos que sirven para ejemplificar el rol ineludible que el Estado debe cumplir como gestor del desarrollo y del crecimiento económico en favor del bien común.
Se trata de la industria del vino, con acertada regulación estatal, y la de la cerveza, con fuerte impulso de emprendedores independientes y nula intervención de los poderes públicos.
Los precios de ambos productos, además, han experimentado un comportamiento diferencial con relación al resto, registrando un incremento menor al promedio de los índices de inflación.
El caso de la cerveza es muy significativo porque a partir de un regreso a formas originarias de producción de bienes modificó radicalmente el mercado de esa bebida imponiendo pautas de calidad y regulando el precio, condiciones que hasta hace muy poco tiempo imponían grandes empresas industriales (sobre todo la brasilera Quilmes, de comportamiento casi monopólico) que se han visto forzadas a reaccionar ante el fenómeno de la cerveza artesanal, en constante y creciente expansión. Miles de emprendedores han producido una verdadera revolución, modificando los hábitos de consumo, que abarca incluso al otro caso que aquí se destaca ya que las bodegas están reaccionando para no perder consumidores o para competir en el mercado de las bebidas alcohólicas, sobre todo en el segmento de los jóvenes, donde la cerveza incide con más fortaleza.
Ante el fenómeno, los poderes públicos, en todos los ámbitos (nacional, provincial y municipal), no han reaccionado, ya sea para impulsar y promocionar la actividad específica y la de los insumos (cultivos de lúpulo y cereales) o para incorporarla al circuito formal, sobre todo para ejercer el control de las normas higiénico-sanitarias y bromatológicas.
Con relación al vino, el crecimiento exponencial de la actividad comenzó a fines de la década de 1980 cuando se establecieron reglas de juego claras que le dieron a la actividad privada la oportunidad de trabajar con libertad. Regulaciones virtuosas (envasado en origen, trazabilidad, por ejemplo) facilitaron la inversión local y extranjera para reconvertir la industria lográndose producciones de altísima calidad tanto para el consumo interno como para posicionar a los vinos argentinos en el mercado internacional.
Es por acá por donde pueden aumentarse los ingresos para reducir los déficits, por donde pueden crearse empleos genuinos y puede ganarse definitivamente el combate a la inflación.
La contracara más elocuente es la industria láctea. Recién este año se frenó el incesante cierre de tambos y comenzó a recomponerse el precio para los productores que quedaron en pie en un mercado híper concentrado.
La intervención del Estado debe estar dirigida a favorecer la desconcentración económica, a fomentar el aumento de la oferta y a procurar la libre competencia. Por el contrario, las políticas gubernamentales que incentivaron la concentración económica, de modo más notorio a partir de la década de 1990, han sido el cimiento de los procesos inflacionarios.
Ricardo D. Martín – En Facebook: @parlamento.popular