Cuando las resistencias al fracking en el sur de la provincia de Buenos Aires se hicieron sentir, funcionarios de YPF rápidamente desmintieron la posibilidad de que hubiera interés en el potencial hidrocarburífero de la región. Sin embargo, una serie de anuncios y estudios contradicen esas afirmaciones.
Cuando en marzo 2010 las autoridades bonaerenses firmaron un convenio de exploración con YPF, el potencial del subsuelo de la provincia era la clave de acceso a la bonanza, no había lugar a dudas. Desde diferentes sectores se aseguraba que había llegado el momento de discutir la matriz productiva, dejar de creer que la riqueza estaba en el suelo, en el agro, y ampliar el horizonte o, al menos, mirar debajo. En junio de ese año el gobernador Daniel Scioli envió a la Legislatura un proyecto de ley para regular la actividad hidrocarburífera. No sólo apuntaba a crear el Organismo Provincial de Hidrocarburos y Minerales Afines (Ophyma), como autoridad de aplicación, sino también una empresa pública que interviniera en las etapas de exploración, extracción y comercialización.
La oposición también incorporó el tema en su agenda y presentó proyectos en ambas cámaras. También por esos días la petrolera Pan American Energy (PAE) anunció el descubrimiento de carbón en Laprida, localidad del sudoeste de la provincia, en la cuenca de Claromecó. ¡Gas, petróleo y carbón en Buenos Aires! En ese contexto hasta era posible que las torres de perforación desplazaran de los escudos de los bonaerenses a los mangrullos, emblema del pasado fortinero de muchos municipios. Pero la euforia inicial se disipó antes de que terminara el año.
Promediando 2012 el tema volvió a la palestra cuando nuevamente YPF, ahora controlada por el Estado, manifestó que estaba interesada en Claromecó, descartando otras cuencas sedimentarias como Salado Continental y Colorado Continental. En el marco del Plan de Exploración de Frontera la petrolera indagaría en torno a la existencia de un sistema petrolero y potencial del gas alojado en mantos de carbón. Nuevamente se hablaba de la tríada gas, petróleo, carbón; pero esta vez los anuncios oficiales y corporativos se toparon con cuestionamientos a la aplicación de la técnica de fractura hidráulica (fracking) en el proyecto.
Vecinos y concejales de diferentes distritos advirtieron sobre los impactos de la explotación de yacimientos no convencionales en otras latitudes. Desde la petrolera, el Instituto Argentino del Petróleo y el Gas (IAPG) y el gobierno bonaerense – particularmente desde el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS)- intentaron desactivar las críticas, pero lejos estuvieron de lograrlo. La polémica creció e incluso los concejos deliberantes de seis municipios se pronunciaron en contra de la aplicación del fracking a través de ordenanzas, moratorias o resoluciones. En este contexto la empresa dio un golpe de timón y optó por afirmar que nunca había estado interesada en explorar el potencial de la provincia de Buenos Aires. Una decisión que, si buscaba clausurar el debate, no lo logró. De hecho, luego que YPF desmintiera sus intenciones, Tandil aprobó su ordenanza de prohibición.
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