El viernes 22 de enero, la Fundación Más Vida presentó una denuncia penal contra el presidente Alberto Fernández, por el delito de genocidio y cohecho, debido a la promulgación de la ley del aborto.
La ley del aborto fue aprobada por el Senado el 30 de diciembre luego de una intensa pero breve discusión legislativa que duró menos de un mes, incluyendo a la Cámara de Diputados. Fernández promulgó la ley 27.610 el 14 de enero de 2021.
Por ello, la Fundación Más Vida tramitó la denuncia penal contra Fernández ante el Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal N º7.
El documento precisa que según la Convención para la prevención y sanción del delito de genocidio vigente en Argentina desde 1968 y el Estatuto de Roma, adoptado por Argentina en 2001, el genocidio se entiende como todos aquellos actos “‘perpetrados con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional’ con ‘medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo’”.
La ley del aborto, señala la denuncia, “legitima la eliminación de la vida de seres humanos en el vientre materno, por simple voluntad de la mujer embarazada hasta la semana 14 inclusive y fuera de ese plazo, en cualquier momento del embarazo invocando causales”.
De esa forma, el Estado «está impulsando el exterminio generalizado y sistemático de seres humanos inocentes categorizados como no deseados, mediante el crimen del aborto, investido ahora de legalidad”, explicó el abogado de Más Vida, Claudio Venchiarutti.
“Tal proceder resulta a todas luces un crimen de Estado tipificado en nuestro Derecho Penal como genocidio», agregó.
El texto presentado ante el tribunal precisa que la “ciencia y la legislación argentina reconocen la existencia de la vida humana desde la concepción”.
También que la “doctrina nacional entendió que el derecho a la vida emergía necesariamente del reconocimiento a la persona humana y su dignidad como centro del sistema de la democracia”.
En tanto, “la Corte Suprema enfatizó el carácter de la vida como primer derecho natural, preexistente a toda legislación positiva aunque reconocido en la Constitución y las leyes”.
Luego el rango de constitucionalidad fue reforzado por la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Convención de los Derechos del Niño, entre otros.
La denuncia agrega además el delito de cohecho contra el presidente Fernández ya que los legisladores nacionales habrían cambiado su voto “a último momento”, por la “existencia de ‘presiones intolerables’ por parte del mandatario”, explicó Adrián Morales, otro de los abogados de Más Vida.
Este argumento se basa en la denuncia pública que realizó la senadora nacional electa por Tucumán, Silvia Elías de Pérez, antes de entrar a la sesión de votación del proyecto, el 29 de diciembre de 2020.
La denuncia exige “como media probatoria urgente” la “intervención de los dispositivos digitales de los senadores” que votaron a favor del aborto, con el objetivo de determinar si existieron comunicaciones entre esos senadores y Fernández y algún “ofrecimiento o dadiva” por parte del poder Ejecutivo.
La denuncia se hace extensiva a los 131 diputados y 38 senadores que aprobaron la ley además de todo aquel responsable en esta acción.
Cabe recordar que el 11 de diciembre la Cámara de Diputados aprobó por 131 votos a favor, 117 en contra y 6 abstenciones el proyecto del aborto.
Mientras que el 30 de diciembre, la Cámara del Senado aprobó el aborto por 38 votos a favor, 29 en contra, 1 abstención y 4 ausencias.
Esta acción legal se suma a una acción de amparo realizada por la ONG Más Vida el 16 de enero para solicitar la inconstitucionalidad de la ley del aborto, junto a otras provincias que han consultado sobre la realización del mismo trámite.
