Cuadro de situación política. Octubre 2018
Por Ricardo D. Martín, de Parlamento Popular.
El austero y controvertible programa de reformas inevitablemente gradual con el que el gobierno se propuso superar la compleja situación existente al asumir ingresó en fase terminal en el mes de abril dando paso a un riguroso plan de ajuste en apariencia inevitable.
Además de los errores propios, han sido causales ciertas del colapso: una nueva crisis en países emergentes débiles como el nuestro, provocada por disputas entre potencias mundiales con el consiguiente repliegue de las inversiones especulativas, en nuestro caso en un contexto de fuerte desequilibrio externo (agravado por el atraso en el valor del dólar y la baja en las exportaciones agropecuarias por la sequía) y un voluminoso déficit fiscal que se intenta reducir bajo la impopular vigilancia del FMI. El monumental desequilibrio de las cuentas públicas pone al desnudo las condiciones de atraso y dependencia de nuestro país, variables no contempladas en el análisis de la dirigencia en general.
Lo que no alcanza a descifrarse es el porqué de la impiedad de “los mercados” con un gobierno al que no pocos caracterizan como “pro mercado”; un gobierno de gerentes de empresas que solamente buscaría beneficiar a los más ricos.
Nadie explica, ni siquiera analiza, también, la razón del notorio cambio en el tratamiento de la información que se ha verificado en los medios hegemónicos y en la mayoría de los periodistas y analistas; mucho menos condescendientes, más críticos ahora.
Solamente como apunte para el análisis, se me ocurre oportuno repasar lo dicho antes del balotaje que definió las elecciones de 2015: es justo reconocer que la trayectoria de Mauricio Macri parece desmentir lo que se afirma o se sospecha sobre lo que será su presidencia. Ha resultado evidente que Scioli contaba con mayor beneplácito entre quienes disputan el poder por sobre el poder, que parecen no estar tan seguros con Macri, quien tal vez por eso “les deba menos”.
Aunque un dato no menor a considerar resulta el decidido alineamiento con los Estados Unidos de Trump (forzado por la necesidad de financiamiento) lo que colisiona con los intereses de sus principales competidores, los rusos y los chinos, privilegiados durante la gestión anterior, con lazos y simpatías en diversos sectores de poder del país.
Al contexto caótico se suma como cuestión crucial la bitácora de la corrupción documentada con minuciosidad en los cuadernos del remisero Centeno, investigada con similar esmero por la vituperada Justicia criolla, ya que deja a la intemperie a mucha gente acostumbrada desde hace mucho tiempo a beneficiarse con favores gubernamentales, destape que constituye una muy mala noticia para sectores influyentes, incluidos los medios dominantes (poco entusiastas a la hora de deschavar negociados en defensa de la pauta publicitaria) y para el mismo gobierno, por las complicaciones que esto ocasiona y porque muchos de sus integrantes provienen o tienen vínculo cercano o comparten intereses con tales sectores. Ni qué decir para los políticos implicados y sus cómplices partidarios (por acción o silencio y ahora con la negación de hechos denunciados hace mucho tiempo).
Resultó muy obvio el acuerdo para sofrenar el avance judicial, lo que desató la furia de Elisa Carrió. La cuestión está latente.
En este contexto de extrema confusión e incertidumbre y padeciendo las consecuencias, con paciencia democrática activa, una buena porción de la ciudadanía advierte que lo que se ventila al fin en el ámbito legal, ni más ni menos que la posibilidad de terminar con la impunidad, no habría sido posible sin el cambio que propició en 2015, más allá de Cambiemos y de Macri, o mejor dicho aun a pesar de quienes hoy gobiernan, que, como la mayoría de la dirigencia argentina, no comprende y hasta desprecia o subestima a la gente que dice (o desea) representar.
Quienes se siguen mostrando, a su manera, razonables, son los gobernadores de provincia; al menos gran parte de ellos. No lo dicen, pero el gobierno central les ha facilitado tener sus cuentas más o menos en orden y los territorios que gobiernan han receptado inversiones en obra pública como hacía tiempo no llegaban, al menos sin condicionamientos ni extorsiones. Moderados por conveniencia pero críticos por necesidad prometen ayudar al oficialismo para que se apruebe el Presupuesto del ajuste planeado, que será monitoreado por el Fondo Monetario bien de cerca ya que se acaba de reponer, en el edificio del ministerio de Economía, la oficina que el organismo internacional de crédito solía disponer en el país.
¡Péguele a Macri! es la consigna que sigue ensamblando a opositores por izquierda y por derecha (por significarlo de algún modo ya que, se sabe, izquierda y derecha son términos políticos de insondable descripción en Argentina), mucho más ahora que el gobierno atraviesa momentos de notoria debilidad, lo que aceleró las conjeturas (internas y externas) sobre el proceso electoral del año próximo. Todos quieren saber, ya, hoy, quien va a ganar las presidenciales de 2019.
Sigue contando el gobierno con la invalorable ayuda de quienes pueden competirle con alguna posibilidad. Siempre y cuando, por supuesto, logre mejorar o resolver la situación económica y neutralizar los conflictos, tanto internos como de los variados sectores que trabajan para su destitución sin medir supuestos ni consecuencias.
Para la principal fuerza opositora, sigue teniendo vigencia (¡parece mentira!) mucho de lo escrito antes de las elecciones de 2015: casi todos los dirigentes peronistas comprenden la dificultad que supone desligarse de la responsabilidad que les cabe por haber consolidado la situación de pobreza de un tercio de la población, por la falta de inversión en infraestructura (sobre todo en el rubro energético) y por el plan sistemático de apropiación de recursos estatales (entre muchos otros desatinos) que dejaron los doce años de ejercicio del poder, buena parte de ellos en condiciones internas y externas altamente favorables, pero no terminan de despegarse de la ex presidente, quien cuenta con lo que nadie en esas filas, a juzgar por lo que trasuntan las engañosas encuestas: sigue conservando niveles insólitos de aceptación en los votantes, sobre todo en el ámbito bonaerense, distrito clave para tener posibilidades de éxito electoral.
Es un momento crítico, doloroso, y lo es más para quienes estamos en situación vulnerable, cuyas causas son atribuibles al pasado que está siendo juzgado (continuidad de lo que quedó impune) y a la impericia y los errores del presente.
Cuando se generaliza la idea de que la democracia no responde a las aspiraciones colectivas, cuando se muestra ineficaz para resolver las necesidades de una porción mayoritaria de la ciudadanía, se crean condiciones que favorecen la prédica de quienes pueden plantear alternativas absurdas, temerarias.
La cuestión es que desde la recuperación de la democracia, más que «elecciones» hemos tenido «opciones» entre alternativas surgidas de partidos políticos degradados, vaciados de contenido ideológico, controlados, casi en su totalidad, por una casta de inescrupulosos, arribistas, ineptos o pragmáticos, al servicio de intereses personales o corporativos, que confeccionan las tristemente célebres “listas sábanas”, cuyas campañas son financiadas de modo soterrado a cambio de futuras recompensas.
Estamos entrampados por una ley electoral que impide o dificulta la participación y postulación de ciudadanos comunes lo que obliga a una urgente reforma. Pero de esto, también, casi nadie habla.
©Ricardo D. Martín – Parlamento Popular https://www.facebook.com/parlamento.popular/
