Los aumentos salariales concedidos para resolver el conflicto policial subirán el piso de la inflación, y eso conspira contra una estrategia económica más market friendly
Centro de Estudios de la Nueva Economía de la Universidad de Belgrano – Director: licenciado Víctor A. Beker
El conflicto policial y el nuevo plan económico
La necesidad tiene cara de hereje. Acuciado por la vertical caída de reservas del Banco Central –más de 12.000 millones de dólares entre enero y noviembre de 2013– el Gobierno optó por una nueva estrategia económica más market friendly.
Encargado de pilotearla se encuentra el jefe de Gabinete, como se ocupó de explicitarlo en su primera conferencia de prensa, y de ejecutarla, el ministro de Economía, el presidente del Banco Central y el titular de la AFIP, dada la necesidad de coordinar la política monetaria, cambiaria y fiscal. Sin embargo, sin tiempo material para ponerla en
marcha, estalló el conflicto policial cuyo principal efecto económico será subir el piso de inflación. En efecto, los aumentos otorgados para resolverlo están muy lejos de las pautas con que se esperaba manejar los incrementos para el sector público y las futuras paritarias.
Repasemos los lineamientos del plan económico, aunque la conflictividad social parece indicar que llega tarde y nos obliga a enunciar las medidas previstas en tiempo potencial.
Apertura externa. Se busca reabrir los mercados de crédito para la Argentina.
Así, se comenzó acatando las sentencias del CIADI y la UNCITRAL, con lo que Argentina logró liberar créditos por unos 3.000 millones de dólares en tres años de parte del Banco Mundial y se prosiguió con el acuerdo con Repsol para destrabar el proceso de inversiones en energía en general y en Vaca Muerta en particular.
El paso siguiente sería intentar emitir deuda externa voluntaria para recomponer las menguadas reservas del Banco Central y hacer frente a los vencimientos de deuda de 2014 así como reducir la necesidad de emisión monetaria con destino al financiamiento del déficit fiscal. Se pondría así fin a la política de “desendeudamiento”. Paralelamente, se normalizaría la relación con el FMI, a partir de la puesta en marcha del nuevo Índice de Precios al Consumidor Nacional.
Subsidios. Tal como anunciara el ministro de Economía, se procedería a una reducción de los subsidios que este año representan más de 120.000 millones de pesos en el presupuesto nacional o sea el equivalente del déficit presupuestario anual. Un paso inmediato será el traspaso del transporte colectivo al gobierno porteño y a la provincia de Buenos Aires, a imagen y semejanza de lo realizado con el subterráneo porteño. Se implementará un plan gradual de incremento de tarifas de gas y electricidad para los sectores de ingresos medios y altos.
Tipo de cambio. Se continuará con la adecuación del tipo de cambio oficial emprendida a partir de las elecciones. El objetivo es que la tasa de cambio se adelante a la inflación con vistas a volver a tener un tipo de cambio real competitivo. Se impondrán recargos o impuestos sobre las importaciones de bienes considerados suntuarios para desalentarlas y habrá reintegros para exportaciones no tradicionales.
Precios y salarios. Se promoverá un acuerdo de precios y salarios. Para ello el Gobierno preveía promover una pauta de 20 por ciento de aumento salarial y acordar pautas sectoriales de incrementos de precios. Sin embargo, parece difícil hoy que los aumentos de salarios se ubiquen por debajo del 30 por ciento por el efecto contagio que seguramente generarán los incrementos otorgados a los efectivos policiales
