Una Ley regresiva e inconstitucional
Estamos ante un tema muy grave del que no se habla. La Ley 26.548 de Traslado del BNDG es una apropiación del mismo que atenderá solo algunos casos de lesa humanidad.
Transcribo párrafos del Amicus Curae que presentamos algunas organizaciones en marzo de este año junto a la fundadora de Abuelas que fue quien logró la creación del Banco, Chicha Mariani y al Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel para que se entienda por qué se defiende al Banco, por qué deberíamos todos los ciudadanos defenderlo:
«La lesión al derecho universal a la identidad que cristaliza la ley 26.548 se hace concreta en todas las personas que se ven impedidas a ingresar sus datos al Banco Nacional de Datos Genéticos, institución que nos pertenece a todos en calidad de seres humanos y que debería tener las puertas abiertas sin discriminación en torno a una fecha arbitraria, como el 10 de diciembre de 1983»
«En tanto, desde “¿Quienes Somos?” nos presentamos como un colectivo conformado por quienes hemos sido apropiados al nacer, esto es, hemos sufrido y sufrimos la sustitución de nuestra identidad.
Nuestras reivindicaciones están atravesadas fundamentalmente por la exigencia al Estado de garantizar los mecanismos administrativos, legislativos y judiciales que permitan, promuevan y faciliten la obtención de información veraz respecto a nuestro origen biológico. Pero además, en especial en el caso que nos ocupa, requerimos de los poderes públicos la eliminación de todas aquellas barreras ilegítimas que obstan a la concreción de nuestros derechos y que se encuentran vigentes en su estructura jurídica.
Somos plenamente conscientes de los graves perjuicios que producen la violación del derecho a la identidad, la desidia del Estado en materia de políticas eficaces a su garantía y operatividad, el desinterés y el ninguneo sistemático a nuestras proclamas y demandas; no obstante los distintos canales, institucionales o no, a través de los cuales hemos expresado tales situaciones y exigido el acceso a la verdad respecto a las personas apropiadas ilegalmente, fuera o dentro de la época del terrorismo de Estado.»
«Nos resulta inconcebible que desde los tribunales se avale el traslado de una herramienta con la historia y el prestigio del BNDG – que ha permitido encontrar 110 nietos e hijos- en el marco de tan fundadas sospechas, que van desde la voluntad de crear un negocio vinculado a la medicina genómica, hasta la intención de favorecer a los laboratorios privados mediante la utilización de los recursos, humanos y materiales, para el desarrollo de una actividad comercial, que nada tiene que ver con la intención subyacente en la creación del Banco.»
«Además de los casos de hijos de desaparecidos apropiados que el BNDG identificó y de esta manera dio la prueba clave para el esclarecimiento de su identidad, el BNDG contribuyó a la filiación de varios hijos de desaparecidos que no fueron apropiados y que no contaban con su filiación paterna o materna, por lo menos a 100 de ellos, los que bajo la limitación al objeto fundacional del BNDG que estipula la ley 26.548 no podrían haber accedido al BNDG.
En estos casos los laboratorios comunes no podrían hacer las filiaciones ya que no cuentan con toda la experiencia del BNDG para trabajar en identificación con vínculos discontinuos. Por ejemplo, y mencionamos el caso por ser de conocimiento público y estar en la página web de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, la identificación del «Nieto 100″, Matías Espinosa Valenzuela pudo hacerse en junio de 2009, bajo el objeto amplio de la ley23.511 y no habría podido hacerse en el BNDG de haberse contemplado el objeto restrictivo de la ley 26.548 ya que esta persona nunca fue secuestrada ni nació en el cautiverio de su madre (art 2 inciso a).» «No podemos dejar de mencionar que el juez, al momento de decidirla procedencia o no de la medida cautelar, no ha tomado los recaudos necesarios para determinar si el espacio que el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva pretende destinar al BNDG es adecuado y cumple con todos los recaudos que el mismo debe tener. Ni siquiera la Directora del BNG ha sido consultada al respecto.
Se trata de un BNDG pionero en el mundo, ¿cómo pretende el Estado cambiar su sede, arriesgar el material custodiado por el BNDG sin justificación válida y efectuar el traslado sin mediar opinión de quienes llevan más de 20 años de experiencia en el BNDG?» «Si un Estado ha reconocido un derecho, no puede más que ampliarlo, mas nunca puede retroceder restringiéndolo, en esto consiste el Principio de No Regresividad contemplado en la Constitución Nacional y en los pactos internacionales de DD. HH., al establecer que toda regresividad es ilegítima.»
«De igual manera, es de destacar que alrededor de 3 millones de personas en Argentina no conocen su identidad biológica. Fueron víctimas de apropiación y supresión de identidad, comprados y vendidos como mercadería, en su mayoría sustraídos a sus padres en hospitales o entregados por medio de engaños. El origen de la mayoría de estas personas se encuentra en la parte de la población más castigada y oprimida por el sistema capitalista que impera y se cristaliza en la burocracia de los organismos públicos, en la ausencia de mecanismos eficaces que impidan fraguar identidades en documentos públicos y registros nacionales, en la política pública inexistente para investigar y prevenir estos delitos. La problemática social de la búsqueda de estas identidades se banaliza, incluso, en los medios de comunicación donde el encuentro familiar de quienes buscan hijos/as, hermanos/as, nietos/as “perdidos” se presentan como casos aislados, de laboratorio y se cuentan con la finalidad de entretener al mismo nivel que las telenovelas.»
«El tráfico de personas para cualquier finalidad es un delito que repugna a la dignidad del ser humano y atenta contra todos sus derechos. No solo la ausencia de política respecto a su investigación y nulo acompañamiento al que ignora su origen biológico es una grave falta del Estado. La sanción y ejecución de una ley que agrava la situación de vulnerabilidad de quienes ya están al margen del acceso a todos sus derechos, desde que se les ha negado saber quiénes son, es una acción estatal repudiable por parte de quienes defendemos el estado democrático.
«Las personas que son víctimas de trata con fines de explotación sexual, reducidas a la servidumbre o esclavitud, compradas y vendidas como hijos por fuera del sistema de adopción, los que desaparecen en manos de la policía y del aparato represivo de la dictadura que continúa en funcionamiento de manera clandestina, ¿acaso nacieron en la época equivocada para hacer valer sus derechos? ¿Por qué un límite irrazonable cercena la posibilidad de identificarlos en vida o muertos?
Es oportuno, entonces, referir al derecho de no discriminación y a la universalidad del derecho a la identidad. Si se considera, conforme a lo precedente, que en democracia desaparecen personas a manos de las fuerzas de seguridad y otras sufren sustitución de identidad, que se trata de los sectores con mayor vulnerabilidad económica y social dentro de nuestro país, resulta evidente que existe un incumplimiento por parte del Estado nacional que se inscribe en una violación del principio de no regresividad respecto al acceso al BNDG.»
«No existe en el país otro Banco Nacional de Datos Genéticos en paridad con la experiencia, excelencia y calidad que permita responder a las necesidades que hasta aquí venimos manifestando. La identificación genética de estas personas, estando fuera del ámbito de actuación del BNDG, debe hacerse en laboratorios privados con un alto costo económico. Es decir, el derecho a la identidad biológica en estos casos solo puede ser efectivo para quienes tienen la posibilidad económica de pagarlo. La identidad de estas personas sigue siendo para el Estado Nacional un objeto de comercio. No debe olvidar V.E. que la ley 26.548 y su reglamentación nacieron a la luz de una Comisión Asesora donde sus miembros son reconocidos dueños de laboratorios genéticos privados, a los cuales debe acudir aquel que quedó fuera del BNDG.»
La oposición presentó el pasado año un pedido de informes que se frenó en la Comisión de DDHH. Hoy diputados y senadores de la oposición apoyan la defensa del Banco y reconocen la inconstitucionalidad de la Ley que presentó el Ejecutivo. Esto NO es un enfrentamiento entre unos y otros, es la defensa de un Derecho Humano que es para todos.
El BNDG es un Patrimonio Nacional.
Graciela Palma Arizaga (Ciudadana sin Identidad) – DNI (con datos falsos) 16.496.527
