El último sorteo del plan Procrear (octubre de 2013) que beneficiaría a más de 1600 familias para la compra de terreno y construcción en la ciudad de Bahía Blanca, trajo aparejado una de las contradicciones más agudas y flagrantes en materia habitacional. Apenas conocida la noticia, los valores de las tierras se elevaron a niveles prohibitivos, como consecuencia de la especulación inmobiliaria, superando ampliamente los $ 100 mil que les otorgarían a los futuros adjudicatarios del crédito.
Esta situación especulativa no es nueva y abarca a varias administraciones municipales: durante las últimas décadas, los distintos gobiernos de la UCR y el PJ-FpV, favorecieron la concentración y apropiación del suelo que legalizaron mediante la figura jurídica de “usucapión”.
La actividad del negocio inmobiliario estuvo concentrada fundamentalmente en la construcción de horizontales y barrios privados que en nada contribuyó en resolver la problemática habitacional. Por el contrario, combinado con el crecimiento demográfico y la falta de una política social destinada a la construcción de viviendas, ha elevado el déficit habitacional a 13 mil familias bahienses, la mitad de las viviendas ociosas existentes (22460 unidades).
La contracara de este fenómeno es que centenares de trabajadores, con un magro salario promedio de $ 4.000 e inflación mediante, imposibilitados de poder seguir pagando un alquiler volvieron a convivir con sus padres con niveles alarmantes de hacinamiento o pasaron a engrosar los cordones periféricos de la ciudad. Estas villas de emergencia, en muchos casos fuera del casco urbano, que no cuentan con alumbrado público, calles de acceso pavimentadas, espacios verdes, centros vecinales, sanitarios o recreativos, e incluso escuelas, experimentaron una progresiva consolidación en los últimos años, al tiempo que no existe un interés político en urbanizar esos asentamientos.
Frente a este estado de cosas, el municipio acaba de presentar un proyecto con el que esperan incrementar la oferta de tierras incorporando terrenos actualmente ociosos (en un principio de forma voluntaria y luego mediante el incremento de tasas), para su posterior puesta en valor. Una «solución» a cuentagotas y de plazos inciertos, que profundiza los problemas ligados al paso del tiempo (plazos estipulados por Procrear y la inflación), que incluso apunta a incorporar terrenos ociosos que fueron apropiados mediante usucapión.
Un negocio redondo para algunos, mientras buscan correr el eje de las tierras fiscales –que las hay en abundancia para resolver los problemas- y de la estafa que significa la apropiación privada de tierras.
Integración Ciudadana, lejos de denunciar el rol del Municipio en avalar la especulación inmobiliaria, ha propuesto un «fideicomiso» gestionado por el Municipio, y en el que también deben inscribirse los propietarios de tierras en forma «voluntaria».
Por su parte, las asambleas vecinales vienen señalando la responsabilidad del Estado, movilizándose semana tras semana frente a la Municipalidad para exigir el acceso a las tierras.
El Partido Obrero apoya esta iniciativa y plantea:
Poner a disposición las tierras fiscales -ejército, ferrocarril, etc.- que, tal como denuncian los propios beneficiarios, alcanzaría para resolver en lo inmediato -y bajo los valores estipulados por Procrear- el acceso a la tierra para las 1600 familias que salieron sorteadas en el plan.
Disposición de tierras mediante la expropiación a quienes se beneficiaron con la usucapión. Inmediata urbanización de las mismas, con garantía de todos los servicios de infraestructura.
Impuestos a la especulación inmobiliaria y a las empresas del polo petroquímico, cuya recaudación vaya a un fondo para construir más viviendas hasta resolver el déficit habitacional.
Creación de una comisión de control conformada por los vecinos sin techo.
Nestor Conte – Emiliano Fabris
