Representantes médicos de Argentina se manifestaron en contra del protocolo del aborto que se aplicará en la Ciudad de Buenos Aires.
El Dr. Lenin Quevedo, director de la carrera de medicina de la U.C.A. manifestó que “las muertes maternas se reducen cuando se mejora el acceso a cuidados de calidad durante el embarazo, parto y puerperio; se invierte en la educación de la mujer e infraestructura sanitaria; se combate la violencia doméstica y se incrementa la posibilidad de planificar el número hijos. Sobre este último punto, estudios realizados por organismos incluso con conflicto de intereses han debido reconocer que las mujeres de países con mayores ingresos pueden planificar mejor sus futuros hijos sin necesidad de abortar, en tanto en los países de bajos ingresos, el número de abortos no cambia en función del estatus legal del aborto”, acotó el médico.
El aborto aún no es ley en Argentina. Sin embargo a partir del fallo del caso FAL del año 2012 se permitió el aborto a una menor de edad embarazada por una violación. Ese caso sentó las bases para que el Ministerio de Salud crease el protocolo del aborto (ILE) y lo recomendara a las provincias.
El ILE podría aplicarse a la mujer que tiene un embarazo producto de una violación o que signifique un riesgo para su salud integral.
La última modificación del protocolo ILE se realizó en diciembre de 2019 por el ministro de Salud, Ginés González García en el Gobierno de Alberto Fernández y contempla la solicitud del aborto a partir de los 13 años de edad y sin necesidad de consentimiento de los padres; sin límite de edad gestacional; y con una fuerte amenaza a la objeción de conciencia institucional.
En ese contexto, la Legislatura porteña aprobó el 16 de julio la adhesión al protocolo del aborto por 50 votos a favor, 7 en contra y 3 abstenciones. El 4 de agosto de 2020 dicha adhesión fue ratificada y habilitada por Rodríguez Larreta.
El Dr. De Janon Quevedo comentó que el protocolo “dista de ser una guía clínica en la medida en que busca su cumplimiento a través de la imposición y no por la adherencia de los profesionales atraídos por la robustez científica y objetividad de las fuentes que la sustentan”.
Explicó que el protocolo contiene múltiples falencias y que no es “muy verosímil” que se le pueda calificar como una “guía actualizada y de excelencia”.
“Más del 20% de las fuentes bibliográficas no corresponde a literatura médica, más de la mitad de las citas son terciarias, 7 de cada 10 consultas se hicieron a propósito del debate parlamentario de 2018 y el 42% de la información proviene de organizaciones con evidente conflicto de intereses”, comentó al respecto.
Por su parte, la Dra. María José Mancino, médica psiquiatra fundadora y presidenta de Médicos por la Vida Argentina, criticó que al protocolo se “le esté dando carácter de Ley” cuando en realidad “es un decreto”. También criticó que este tenga la posibilidad de ser reformado en adelante según ciertos “estándares clínicos”, pero sin que se detalle o explique “cuáles son esos criterios o avances médicos”.
“Esto es de suma gravedad, el concepto de ‘salud’ así dado queda tergiversado y distorsionado. La causal ya fue distorsionada en los anteriores protocolos. Bajo el protocolo previo, la causal ‘salud’ ya ha sido aplicada con una amplitud asombrosa, dando como consecuencia que esta causal sea invocada para abortar en el 88% de los casos, es decir, que se invoca prácticamente por cualquier motivo de salud”.
La doctora dijo que, al igual que el fallo FAL, en el protocolo de aborto “no se reconoce expresamente límite temporal alguno para la práctica abortiva, prescribiendo procedimientos para abortos incluso en embarazos de más de 28 semanas”.
“En cuanto al personal de salud, el protocolo obliga a ofrecer el aborto, incluso a los médicos objetores, vulnerando el derecho a la última palabra sobre el control de constitucionalidad de las normas vinculadas”, aseguró Mancino.
Asimismo, aseguró que éste “no respeta el principio de inviolabilidad de la libertad religiosa y de conciencia de los profesionales de la salud, y desconoce que ‘[a] nadie se le puede requerir declaración alguna sobre sus creencias religiosas, su opinión política o cualquier otra información reservada a su ámbito privado o de conciencia’” (art. 12 de la CCBA)”.
“En este caso, aquellos que se opongan a realizar un aborto deberán dar cuentas de su situación y someterse a todo tipo de acciones que coartan nuestro derecho a ejercer libremente la objeción de conciencia. Esta incongruencia se acentúa más aún observando la amplia libertad que se le reconoce a la mujer para abortar, en contraposición a que se persiga al médico que se niega a realizar tal práctica contraria a sus convicciones más íntimas y al juramento hipocrático, yendo en contra claramente de las ciencias y embriología médica”, lamentó Mancino.
Por otro lado, la doctora, que también es integrante de la Asociación Médicos por la Vida Internacional, dijo que “resulta absolutamente discriminatorio sobre la mujer que no se les brinde soluciones alternativas y superadoras, buscando resolver el verdadero problema que tiene, sea social, emocional, físico y/o económico”.
“En la situación actual que vivimos de la pandemia, nuestros gobernantes deberían actuar mejorando los sistemas de salud, guardias, insumos y recursos humanos para proteger la vida. Sin embargo, paradójicamente, han optado por adherir a una norma que niega el derecho a vivir, impone el aborto y persigue al personal sanitario”, lamentó.
En ese sentido, dijo que las propuestas dadas por Rodríguez Larreta, “frente a definir los procedimientos y mecanismos involucrados”, “no deja en claro la causal ‘salud’, ya que ésta queda distorsionada en el protocolo y además niega la vida al resto de las vidas ya concebidas menores a 24 semanas de gestación”.
Mancino cree que lo “más sorprendente es que el jefe de Gobierno acepte que hay vida desde la concepción pero que adhiera a un protocolo que la quita”.
“Desde Médicos por la Vida Argentina, junto a nuestros colegas y hermanos latinoamericanos de Médicos por la Vida Internacional, repudiamos la aprobación de este protocolo y de las demás provincias argentinas que adhieren al mismo, que atacan el bien común de la sociedad, cercenan el derecho a vida, abandonan a las mujeres que atraviesan un embarazo en situación de vulnerabilidad y persiguen al personal de salud que cumple con su deber y derechos”, concluyó la fundadora de Médicos por la Vida Argentina.
Fuente: ACI Prensa
